La situación política en Ecuador se ha intensificado tras la denuncia presentada por la ministra del Ambiente y Energía, Inés Manzano, ante la Fiscalía General del Estado en Quito, en relación a lo que el Gobierno califica como una «tentativa de asesinato». Esta acusación surge luego de un ataque violento ocurrido el martes durante una gira del presidente Daniel Noboa en el cantón El Tambo, provincia de Cañar. Manzano describió el incidente como un ataque con piedras y disparos, que dejó no solo daños materiales en los vehículos de la caravana presidencial, sino también un marcado incremento en las tensiones entre las autoridades y los grupos de manifestantes.
Según los relatos de la ministra, la caravana presidencial fue recibida por una multitud de aproximadamente 500 personas que comenzaron a lanzar piedras, dejando huellas de disparos en el vehículo del presidente. A pesar de esta peligrosa circunstancia, Noboa decidió continuar con su agenda pública, mostrando una postura de firmeza y valentía. Este incidente ocurre en medio de un clima de protestas sociales en el país, llevando a Manzano a afirmar que «Ecuador dice sí a la paz y al trabajo», mientras se busca identificar y procesar a los responsables del ataque.
Las autoridades se han movilizado rápidamente al detener a cinco individuos en conexión con estos hechos, los cuales enfrentan cargos de terrorismo en flagrancia. Manzano dejó claro que estos sospechosos no pertenecen a las comunidades indígenas locales, insinuando que el ataque fue perpetrado por «ciertas células» que buscan desestabilizar al país. En este contexto, el Gobierno ha reiterado su compromiso de no permitir que los actos de violencia queden sin respuesta, marcando una línea dura contra la impunidad.
El presidente Noboa, tras los ataques, ha enfatizado que no permitirá que los vándalos interrumpan su gestión. Durante un evento en Cuenca, hizo un llamado a la paz y a la noción de que «la ley es para todos». Este discurso llega en un momento crítico, justo cuando el país atraviesa uno de sus mayores desafíos sociales debido a un paro nacional liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que ha promovido bloqueos en varias provincias en respuesta a la alza del precio del diésel y otros reclamos económicos.
Las manifestaciones, que comenzaron el 12 de septiembre tras la eliminación del subsidio al diésel, revelan un profundo descontento social. Los indígenas exigen la restauración de este subsidio, así como la reducción del IVA y la oposición a una consulta popular prevista para el próximo noviembre que podría llevar a una nueva Asamblea Constituyente. Mientras tanto, el presidente Noboa defiende la eliminación del subsidio, argumentando que esta medida permite redirigir recursos hacia los sectores más vulnerables del país, evitando que sean mal utilizados por grupos delictivos.
