El presidente de Argentina, Javier Milei, decidió vetar este jueves 11 de septiembre la Ley de Emergencia Pediátrica, que tenía como objetivo mejorar la salud del Hospital Garrahan, reconocido como el principal centro pediátrico del país. Este veto se produce en un marco de ajuste fiscal que Milei ha implementado desde su llegada al poder, generando un considerable descontento entre sectores de la salud pública. La decisión suscitó una ola de críticas de parte de trabajadores y sindicatos, quienes advierten que la medida no solo pone en riesgo la calidad del sistema de salud, sino que también conlleva un deterioro significativo en las condiciones laborales del personal médico y asistencial.
La Ley de Emergencia Pediátrica había sido aprobada por el Parlamento en agosto y declaraba la crisis del Hospital Garrahan, que enfrenta dificultades financieras y operativas. En respuesta a este veto, diversas asociaciones profesionales han convocado movilizaciones para el viernes, 12 de septiembre, buscando visibilizar su descontento. Estas acciones están acompañadas por un paro en el hospital, lo que refleja la urgencia con la que los trabajadores consideran que se debe atender la problemática de la salud pediátrica en el país. La Asociación de Profesionales y Técnicos del hospital no ha tardado en calificar el veto como una medida regresiva y desesperada del gobierno en un contexto de crisis sanitaria.
Milei justifica su veto argumentando que la ley implicaba un costo fiscal directo de alrededor de 80 millones de dólares, algo que el Ejecutivo considera inviable en su búsqueda de equilibrio fiscal. Sin embargo, este argumento ha sido cuestionado por los trabajadores y por la oposición política, quienes argumentan que decrecer la inversión en salud pone en riesgo vidas humanas. La Casa Rosada defendió su posición al señalar que la ley carece de un «financiamiento genuino» y podría afectar la estabilidad económica del país, tratando de justificar su recorte a costa de servicios esenciales para la población.
Además del veto a la Ley de Emergencia Pediátrica, Javier Milei también anuló un día antes la Ley de Financiamiento Universitario, lo que representará un duro golpe para casi dos millones de estudiantes en las universidades públicas. Esta ley era vital para aumentar los fondos destinados a la educación superior, que ya enfrenta una disminución significativa en su inversión. El veto ha sido interpretado como un ataque a la educación pública y ha provocado una respuesta inmediata de estudiantes y docentes, quienes planifican manifestaciones en defensa del derecho a una educación accesible y de calidad.
El clima de tensión en torno a la decisión de Milei se enmarca en un contexto de creciente descontento social y cansancio ante un ajuste fiscal que, según críticos, prioriza las finanzas sobre las necesidades básicas de la población. Organizaciones estudiantiles y laborales han comenzado a articular acciones para resistir estos recortes y exigir un retorno a políticas que garanticen inversión en salud y educación. La unión de trabajadores del hospital Garrahan y estudiantes de la UBA en las movilizaciones es una muestra clara de que la oposición a las medidas de ajuste continúa organizándose, con un objetivo claro: recuperar el acceso a servicios esenciales en Argentina.
