En los últimos días, el sistema de justicia chileno se vio envuelto en una crisis monumental tras la liberación equivocada de Alberto Carlos Mejía Hernández, quien es señalado como uno de los asesinos a sueldo del infame ‘Rey de Meiggs’. Este evento ha generado un gran revuelo en la sociedad y ha puesto en tela de juicio la eficacia del sistema penal y la capacidad de las autoridades para manejar situaciones de alto riesgo. Hasta el momento, Mejía Hernández permanece en libertad mientras las autoridades intentan descubrir las circunstancias que llevaron a su liberación y las posibles responsabilidades de los funcionarios involucrados.
La situación se torna aún más compleja considerando que existen indicios de que el reo, que presuntamente tiene vínculos con la organización criminal conocida como el Tren de Aragua, podría haber abandonado el país. Se ha dado a conocer que habría pagado más de 2 millones de pesos por un viaje a Iquique, lo que refuerza la preocupación de las autoridades para su recaptura. La comunicación de este hecho a los medios se realizó el 14 de julio, evidenciando una falta de coordinación y seguimiento en los procedimientos judiciales.
En una rueda de prensa, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo Falcón, expresó su asombro tras enterarse de la situación por medio de una comunicación casi simultánea del Fiscal Nacional, el director de Gendarmería y el subsecretario de Justicia. Esta revelación ha resaltado la necesidad urgente de revisar los protocolos de seguridad y supervisión dentro del sistema penal, ya que la liberación de un criminal de tal peligrosidad plantea serias implicaciones para la seguridad pública.
Gajardo explicó que se han adoptado medidas inmediatas para investigar dónde ocurrió la negligencia que condujo a la liberación de Mejía Hernández, haciendo hincapié en la gravedad del delito y en la importancia de que este tipo de errores no se repita en el futuro. En su declaración, el ministro indicó que se recabarán todos los antecedentes necesarios para establecer responsabilidades y se comunicará de manera inmediata con el Ministerio de Seguridad para facilitar la recaptura del autor del delito.
La situación ha generado un debate público sobre la eficiencia del sistema de justicia chileno y la necesidad de implementar reformas estructurales que eviten este tipo de errores. Organismos de derechos humanos y ciudadanos han manifestado su preocupación y la exigencia de una respuesta contundente por parte de las autoridades para garantizar la seguridad de la comunidad y restaurar la confianza en el sistema judicial. En medio de este contexto, la recuperación del control sobre la situación y la prevención de futuras crisis se han convertido en prioridades urgentes.
