La Comisión Europea ha decidido congelar cerca de 1.000 millones de euros correspondientes al quinto tramo del plan de recuperación y resiliencia de España, que asciende a un total de 23.900 millones. Esta decisión fue comunicada el pasado 7 de julio, y responde al incumplimiento de dos hitos clave por parte del Gobierno español: la subida del impuesto al diésel y las inversiones necesarias para la digitalización de las administraciones regionales y locales. Mientras tanto, el Gobierno contará con un plazo adicional para cumplir con estos requisitos, aunque podrá recibir pagos parciales por los hitos que sí haya completado con éxito.
Fuentes del Ministerio de Economía han confirmado que, a pesar de la congelación, España podrá acceder a pagos por aquellos hitos que cumpla dentro del nuevo plazo establecido. Sin embargo, más de 1.000 millones de euros quedarán en suspenso hasta que se realicen los avances necesarios, lo que pone presión sobre el Ejecutivo para que concrete sus compromisos, especialmente en el ámbito fiscal. La reforma impositiva, que incluye la subida del impuesto sobre el diésel, se ha convertido en un tema espinoso en el Congreso, donde el apoyo político para esta medida ha sido insuficiente.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, había advertido previamente que si la evaluación de la Comisión se realizaba en julio y la reforma fiscal no había sido aprobada, el Gobierno debía avanzar en paralelo para cumplir con los objetivos marcados. Esta estrategia se ha aplicado en el pasado, como se vio durante el cuarto pago del plan de recuperación, donde Bruselas ya había congelado 158 millones por deficiencias en el cumplimiento de uno de los hitos asignados. Esta experiencia ha resaltado la importancia de una planificación efectiva y del cumplimiento de los plazos en la ejecución de las reformas necesarias.
El desbloqueo de los 158 millones que quedaban pendientes fue un paso importante durante la reciente evaluación de la Comisión, que consideró que el objetivo asociado a ese pago había sido finalmente cumplido. Esta situación recalca la necesidad de que España se mantenga en un camino claro y eficiente para satisfacer las expectativas de la UE en torno a las reformas fiscales y de digitalización, vitales para garantizar la reactivación económica post-pandemia.
Con el reloj corriendo en contra, el Gobierno ahora enfrenta el reto de acelerar el cumplimiento de los hitos pendientes. Cada decisión que se tome en las próximas semanas no solo impactará el acceso a los fondos europeos, sino que también influirá en la percepción de la gestión de la economía española en el contexto internacional. La presión para que se implementen las medidas fiscales necesarias se intensifica, y la capacidad del Gobierno para navegar por este complicado panorama se convierte en un factor crucial para el éxito del plan de recuperación.
