En una decisión polémica, el Gobierno de Estados Unidos, bajo la dirección del secretario de Estado Marco Rubio, ha impuesto sanciones a cuatro juezas de la Corte Penal Internacional (CPI). Esta acción se produce tras las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra en Gaza. Los jueces sancionados provienen de varios países, incluidos Benín, Perú, Eslovenia y Uganda, lo que refuerza la acción de la CPI como un foco de relevancia internacional en la búsqueda de justicia en casos de crímenes de lesa humanidad. La CPI, a su vez, ha denunciado estas sanciones como un ataque directo a la independencia judicial, subrayando la gravedad de este momento en la historia del derecho internacional.
La respuesta de la comunidad internacional no se ha hecho esperar. Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ha calificado las sanciones impuestas por EE.UU. como «profundamente corrosivas» y ha instado al Gobierno estadounidense a retirarlas de inmediato. En sus declaraciones, Türk enfatizó que estas medidas van en contra de los valores que Estados Unidos ha defendido históricamente, posicionando a la CPI como una institución vital para la rendición de cuentas en situaciones de violaciones graves de los derechos humanos. La Asamblea de Estados Partes de la CPI también ha manifestado su apoyo a las juezas, indicando que las sanciones perjudican seriamente el sistema de justicia internacional.
En medio de estas tensiones, la CPI se enfrenta a una presión sin precedentes por sus investigaciones, no sólo en el caso de Palestina, sino también en el de Afganistán, donde se han investigado acciones de las fuerzas estadounidenses. Türk ha advertido que el hecho de sancionar a jueces por cumplir con su deber constituye una amenaza al orden internacional basado en normas. En contraposición, Rubio ha defendido las sanciones como una medida necesaria para proteger a sus aliados estratégicos, lo que evidencia una marcada división entre la postura de EE.UU. y la de organismos internacionales que promueven la justicia.
Mientras tanto, en Gaza, la situación humanitaria se vuelve más crítica. La Oficina de la ONU en Palestina ha reportado el asesinato de al menos 227 periodistas desde octubre de 2023, de los cuales 18 fueron asesinados solo en mayo. El ataque al Hospital Al Ahli el 5 de junio que resultó en la muerte de cuatro periodistas se suma a un patrón alarmante de ataques a la libertad de prensa. Estos acontecimientos subrayan las dificultades que enfrentan los medios para ejercer su labor en un entorno hostil, exacerbado por las sanciones económicas y los ataques a la infraestructura civil que han dejado a Gaza en una situación de emergencia.
Con Israel bloqueando el acceso de periodistas extranjeros y destruyendo hospitales críticos, la ONU estima que el sistema de salud en Gaza está al borde del colapso. La destrucción de instalaciones médicas, que deberían estar protegidas por el derecho internacional, revela una preocupante indiferencia hacia la vida civil en el contexto del conflicto. Los ataques sistemáticos, como el bombardeo de hospitales, ya forman parte del expediente que la CPI está investigando contra Netanyahu. A medida que la comunidad internacional observa, la pregunta que surge es si se tolerará la erosión de las instituciones globales encargadas de mantener la justicia y la rendición de cuentas en medio de la creciente impunidad.
