La senadora Fabiola Campillai ha manifestado su descontento con el presidente Gabriel Boric tras la Cuenta Pública de este 1 de junio, en la que el mandatario no abordó el anhelado proyecto de Ley de Reparación Integral para las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019. Campillai, quien ha sido una de las principales voces de los afectados por la violencia estatal, subrayó que el gobierno ha dejado de lado sus promesas, a pesar de que se le ha entregado un informe exhaustivo de la Mesa de Reparación y un proyecto de ley elaborado por las mismas víctimas. La senadora cuestionó la falta de respuestas concretas por parte del Ejecutivo, insinuando que la presentación del catastro de víctimas como un logro es, en realidad, una falta de compromiso con la justicia y la verdad que estas personas requieren.
«Es profundamente pobre. Es triste y doloroso ver cómo quienes levantaron las banderas de la justicia hoy no sean capaces de defender sus propios compromisos», declaró Campillai, destacando que la espera por la verdad, la justicia y la reparación no puede continuar eternamente. Esta crítica se agrava por su decisión de ausentarse de la Cuenta Pública, una medida que refleja su desencanto con un gobierno que, señala, ha sepultado las demandas de quienes sufrieron a causa de la represión. La senadora insistió en que las promesas no se han cumplido y que la situación actual es inaceptable para las víctimas.
Organizaciones de derechos humanos han mostrado su apoyo a la senadora Campillai, rompiendo relaciones con el gobierno a raíz de la falta de progresos en justicia y reparación. No solo se criticó la omisión del proyecto de Ley de Reparación Integral en la Cuenta Pública, sino que se subrayó la ineficacia del catastro de víctimas, que ha sido un tema pendiente durante cuatro años y que, según los activistas, no debería considerarse un avance significativo. Esta postura reafirma la creciente frustración de los grupos sociales que abogan por verdad y justicia, quienes sienten que sus necesidades continúan siendo ignoradas.
A pesar de que el gobierno ha promovido otras iniciativas, como la creación de la Comisión SENAMA o la transformación de la prisión de Punta Peuco, las voces de las víctimas del estallido social continúan demanda atención y reparación. Rodrigo Bustos Bottai, director de Amnistía Internacional Chile, apuntó que si bien es importante contar con un catastro de las víctimas, esto es un paso insuficiente. Bustos enfatiza que el gobierno tiene la responsabilidad urgente de implementar una política de reparación integral que atienda las necesidades de quienes han sufrido violaciones de derechos humanos.
El descontento por parte de Campillai y de las organizaciones de derechos humanos pone de relieve un problema estructural en la gestión del gobierno respecto a los derechos humanos. Estas críticas plantean serias dudas sobre la capacidad del presidente Boric para cumplir sus promesas en un tema tan sensible y urgente. Mientras el gobierno continúa presentando logros en otras áreas, la preocupación de las víctimas por la falta de atención a sus demandas de justicia es un recordatorio constante de que las políticas de reparación y verdad son imperativas y no pueden ser relegadas.
