Este miércoles, 28 de mayo de 2025, la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra nuevamente en una situación crítica tras la renuncia del prefecto inspector Maximiliano Mac-Namara. Hasta ayer, Mac-Namara se desempeñaba como jefe nacional de Cibercrimen, pero la difusión de un video en redes sociales que lo muestra agrediendo a una mujer ha puesto su carrera y la reputación de la institución en entredicho. El video, publicado por el medio Sabes.cl, muestra a Mac-Namara persiguiendo y golpeando a la víctima con su celular, lo que ha generado una ola de indignación en la ciudadanía y en organizaciones feministas que exigen acciones concretas ante este tipo de comportamientos inaceptables.
La Coordinadora Feminista 8M ha sido una de las voces más críticas respecto a este caso. Su vocera, Cristina Varela, ha enfatizado la necesidad de una investigación exhaustiva más allá de la renuncia del prefecto inspector. «La posición de la Coordinadora es siempre denunciar y condenar el acoso, especialmente el acoso de género», declaró Varela, quién también subrayó la preocupación por la persistencia de conductas abusivas en altos funcionarios del Estado, justo cuando se esperaba que la reciente promulgación de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, que incluye la Ley Karin, hubiese generado un cambio significativo en la cultura institucional.
Varela señaló que es alarmante que, al año 2025, sigan ocurriendo situaciones de acoso por parte de personas en posiciones de poder. Para la activista, es fundamental que se erradique toda forma de violencia de género, ya que esto representa un grave peligro para la vida y la integridad de las mujeres, especialmente en entornos laborales. Esta inquietud se ve respaldada por un informe de la Dirección del Trabajo (DT) que reportó un número significativo de denuncias bajo la Ley Karin durante el segundo semestre de 2024, lo que demuestra que el problema no solo es persistente, sino que también está siendo visibilizado por las denuncias tras la implementación de nuevas normativas.
A pesar de la gravedad de los hechos, la PDI ha afirmado que no existe ninguna denuncia formal contra Mac-Namara, lo que ha generado escepticismo entre las feministas y la comunidad en general. La institución aseguró que la renuncia fue aceptada sin que se hubieran presentado denuncias, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos internos de la PDI para manejar casos de acoso y violencia de género. La falta de acciones en estos casos no solo daña la credibilidad de la institución, sino que también envía un mensaje peligroso sobre la tolerancia hacia conductas inadecuadas en el ámbito laboral.
La situación actual ha hecho que Varela haga un llamado a la ciudadanía para que se mantenga alerta sobre el acoso de género y la necesidad de presionar a las instituciones para que cumplan con estándares básicos en la erradicación de la violencia. «Es fundamental que la sociedad civil se movilice activamente para exigir que estos comportamientos no se normalicen y que se tomen medidas efectivas para proteger a las víctimas», concluyó. Este escándalo pone de relieve la urgencia de revisar los protocolos y normas que rigen el comportamiento de altos funcionarios en el Estado, subrayando que la igualdad de género y la protección contra el acoso deben ser prioridades ineludibles para cualquier institución pública.
