El reciente anuncio del gobierno británico de las Islas Malvinas sobre la implementación de granjas de salmón ha suscitado una ola de protestas en Argentina, donde la oposición a este proyecto es casi unánime. La iniciativa, impulsada por una empresa de capitales daneses y británicos, contempla la producción inicial de 50 mil toneladas anuales de salmón en instalaciones ubicadas en aguas patagónicas, con posibilidad de expansión a 200 mil toneladas. El rechazo surge no solo debido a la amenaza que representa para el ecosistema local, sino también por el temor a que los peligros asociados con la salmonicultura, ya evidentes en Chile, se repitan en la región.
La propuesta incluye la construcción de ocho granjas ubicadas entre 3 y 7 kilómetros de la costa de Isla Soledad, con una inversión que asciende a 5 millones de libras. James Wallace, director de Unity Marine, ha defendido el proyecto como una oportunidad para estimular la economía local, argumentando que brindará empleo y desarrollo. Sin embargo, grupos ambientalistas como Malvinas Libres de Salmón han catalogado esta iniciativa como un riesgo inminente para la biodiversidad, enfatizando que una granja de salmón puede considerarse un ‘feedlot en el agua’, dado que libera químicos y pesticidas que amenazan a la vida marina.
Las lecciones aprendidas de la experiencia chilena son alarmantes. La industria salmonera en Chile ha sido responsable de episodios devastadores como la marea roja y la contaminación por antibióticos, además de contribuir a la precarización laboral. Desde 2013 hasta 2024, se han reportado 80 trabajadores muertos en incidentes laborales relacionados, lo que resalta los riesgos inherentes a esta actividad. La actualidad de la industria salmonera en Chile pone en alerta a los argentinos sobre las potenciales consecuencias que traería la implementación de este modelo en Malvinas.
La oposición al proyecto no se limita al suelo argentino; incluso dentro de las Islas Malvinas hay voces en contra. La organización Salmon Free Falklands ha convocado a boicotear la consulta pública propuesta por el gobierno británico, al considerar que esta carece de claridad y que está sesgada en favor del desarrollo de la salmonicultura. Además, desde Tierra del Fuego se recuerda que la salmonicultura está prohibida en su territorio desde 2021, luego de una intensa movilización social en defensa del medio ambiente.
Con la Patagonia en estado de alerta, se vislumbra un escenario de tensión geopolítica y ambiental, donde la comunidad科学请注意 que el proyecto malvinense es visto como un acto de ‘saqueo imperialista’. Catalina Cendoya, representante de la ONG Por el Mar, advirtió que, de instalarse las granjas de salmón, los efectos negativos rápidamente se expandirían hacia el continente, alterando irreversiblemente el equilibrio ecológico. La situación plantea un desafío a la cooperación regional y la protección del entorno, en un momento en que los efectos del cambio climático ya son palpables.
