La Fiscalía Regional de O’Higgins ha permitido que el ministro del Tribunal Constitucional, Héctor Mery, tenga la prerrogativa de seleccionar qué mensajes suyos con el abogado Luis Hermosilla serán extraídos de su teléfono incautado en el marco de la investigación por tráfico de influencias. Este hecho, revelado por CIPER Chile el 25 de abril, ha suscitado controversia, ya que se interpreta como un trato preferencial que podría sentar un peligroso precedente en el manejo de pruebas en casos de corrupción. La oferta de la Fiscalia, formalizada por el fiscal regional Aquiles Cubillos, busca no indagar en la vida privada del magistrado, lo que ha abierto un intenso debate sobre la transparencia y la imparcialidad de las investigaciones judiciales.
Héctor Mery, quien ha sido señalado como un actor clave en la red de influencias en el Poder Judicial, fue allanado como parte de las pesquisas iniciales que se centraban en los contactos entre Hermosilla y el ministro Antonio Ulloa. A pesar de no ser imputado en el caso, su defensa ha argumentado que la incautación de su dispositivo vulnera sus derechos, además de cuestionar la falta de información clara sobre los motivos del operativo. Aunque la Fiscalía sostiene que ningún dispositivo ha sido periciado hasta el momento, la situación ha dejado abierta la posibilidad de que Mery y su defensa intenten obstruir la investigación en caso de que el Tribunal Supremo decida a favor de su reclamo.
La disputa legal sobre el allanamiento y la validez del acuerdo de la Fiscalía pone en el centro del debate si este tipo de medidas es un gesto positivo hacia la transparencia o si, por el contrario, puede interpretarse como un riesgo para futuras investigaciones. Mientras la Corte Suprema del país aún no se pronuncia sobre estos asuntos, los audios de Hermosilla que fueron filtrados han señalado una preocupante red de influencia en los procesos de designación judicial, lo que incrementa la presión pública sobre la integridad del sistema judicial chileno.
Expertos en derecho penal y corrupción han alzado su voz ante este asunto, sugiriendo que permitir que un investigado elija qué evidencias se presentarán ante el Ministerio Público podría erosionar la confianza en las investigaciones. La defensa de Ulloa ha señalado que los audios utilizados en la investigación fueron obtenidos de manera ilegal, lo que podría complicar aún más la prosecución del caso. La Fiscalía ha argumentado que estos audios representan pruebas esenciales, agudizando aún más la polarización en el debate sobre los privilegios y vulnerabilidades del sistema judicial del país.
Con el foco sobre el Tribunal Constitucional y los potenciales conflictos de interés en el ámbito judicial, el asunto de la transparencia y la rendición de cuentas cobra cada vez más relevancia en Chile. Mientras tanto, la Fiscalía Nacional ha preferido no pronunciarse sobre los detalles del acuerdo con Mery, dejando a la sociedad con una sensación de incertidumbre sobre la dirección que tomarán las investigaciones y el eventual impacto en la confianza pública en las instituciones. La situación es un recordatorio de que las sombras del tráfico de influencias aún acechan al sistema judicial, y que la lucha por la justicia y la transparencia está lejos de ser resuelta.
