La reciente propuesta de Evelyn Matthei para crear un nuevo penal en Atacama ha desatado un fuerte debate en la región, donde la exalcaldesa ha prometido la construcción de «El Arenal», un proyecto que abarcaría 800 hectáreas y que, según sus declaraciones, utilizaría tecnología moderna para garantizar la seguridad. Matthei argumenta que este nuevo recinto carcelario se destinaría a los criminales más peligrosos, asegurando su aislamiento completo y criticando los problemas de criminalidad organizados que, según ella, operan desde las cárceles existentes. Su defensa en redes sociales ha hecho eco entre sus seguidores, quienes ven en su propuesta una respuesta necesaria ante un contexto de inseguridad creciente.
No obstante, la idea de trasladar a convictos peligrosos a Atacama ha encontrado una férrea oposición entre diversas autoridades regionales. El Gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, ha calificado la propuesta como «una falta de respeto», enfatizando que la región no debe ser considerada como «zona de sacrificio» debido a su geografía desértica. Carvajal ha subrayado que las necesidades de infraestructura y seguridad deben ser discutidas en un contexto que no menosprecie a la población local, reclamando que la propuesta de Matthei ignora las particularidades y preocupaciones de los habitantes de Atacama.
Desde el ámbito político, la senadora Yasna Provoste ha respondido con ironía cargada de crítica, preguntándose por qué Matthei optaría por enviar a Atacama a todos los prisioneros peligrosos del país, en lugar de considerar otras localidades más adecuadas. Provoste ha puesto de relieve la falta de coherencia en el plan de Matthei, sugiriendo que las decisiones en materia de seguridad deben ser fundamentadas y no impulsadas por un capricho político. Su retórica ha resonado con aquellos que sienten que las decisiones sobre infraestructura penitenciaria deben conducirse con cuidado y responsabilidad.
Ante la controversia, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, ha instado a que las propuestas sean formuladas con base en evidencias concretas y un enfoque de Estado. López recordó que la construcción de una nueva cárcel en Copiapó ya está en proceso de licitación y enfatizó la importancia de contar con cárceles modernas y seguras, que ofrezcan mejores condiciones de reclusión. Este llamado a la seriedad en la discusión plantea un desafío para el discurso de Matthei, quien ha promovido su visión sin considerar la realidad existente en términos de infraestructura penitenciaria.
La controversia sobre el proyecto carcelario en Atacama refleja un conflicto en el que las decisiones sobre seguridad y justicia son puestas a prueba en el terreno político y social. Las afirmaciones de Matthei chocan con una oposición vigorosa que representa las preocupaciones de los ciudadanos, evidenciando que la discusión sobre la seguridad pública no puede ser simplificada. En este contexto, la figura de Matthei enfrenta el desafío de argumentar su propuesta en un clima político que demanda soluciones fundamentadas y que tome en cuenta las opiniones y preocupaciones de los pueblos del norte de Chile.
