La Fiscalía Regional de Valparaíso ha dado un paso significativo en el emblemático caso conocido como «Papaya Gate», al solicitar la formalización de la exintendenta de Coquimbo, Lucía Pinto, y de un grupo de empresarios, por presunto fraude al fisco. Según la fiscalía, liderada por Claudia Perivancich, estas personas estarían implicadas en la compra de terrenos en La Serena por un monto exorbitante de $9.800 millones. Esta adquisición, realizada entre diciembre de 2018 y agosto de 2020, fue rechazada por la Contraloría, lo que ha llevado a un cuestionamiento profundo sobre la administración pública y la gestión de recursos en la región.
Las acusaciones contra la exintendenta Lucía Pinto se basan en el artículo 239 del Código Penal, que tipifica el fraude al fisco. Acusaciones similares recaen sobre José Cáceres, el exadministrador regional. Además, la fiscalía también ha identificado al exgerente de las inmobiliarias involucradas, Pablo Bracchitta, como coautor de la trama fraudulenta. La investigación ha tejido una red de indicios que sugiere que la compra de terrenos se realizó a un precio inflado, provocando un claro perjuicio a las arcas públicas de la región.
La denuncia en este caso surgió en septiembre de 2020, cuando Radio Bío Bío destapó una serie de irregularidades en las transacciones que apuntaban a un manejo irresponsable de fondos públicos por parte de los funcionarios de la administración de Pinto. A partir de ahí, se iniciaron investigaciones que expusieron un modus operandi que involucraba a empresas del Grupo CPS, quienes habrían beneficiado de forma ilícita con el sobreprecio en la venta de terrenos al Gobierno Regional de Coquimbo.
La formalización de la investigación ha tenido repercusiones significativas en el ámbito político y social del país, motivando incluso la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Los impactos del caso «Papaya Gate» ya se sienten a nivel nacional, ya que pone de relieve la falta de transparencia y la posible corrupción dentro de las instituciones públicas. A medida que se acerca la audiencia de formalización, la atención del público está centrada en cómo se desarrollará este proceso y qué consecuencias podría traer para los involucrados.
A pesar de que la defensa de los empresarios ha calificado el caso como una «polémica artificial con móviles políticos», la fiscalía sostiene que los informes respaldan la existencia de irregularidades sustanciales. La audiencia de formalización, que se espera se lleve a cabo en los próximos días, será fundamental para esclarecer las responsabilidades penales de todos los imputados y el futuro del caso en un contexto de creciente exigencia por parte de la ciudadanía en busca de justicia y transparencia en la gestión pública.
