Una serie de conversaciones reveladas entre el abogado Luis Hermosilla y el exasesor presidencial Andrés Sotomayor han destapado una presunta red de pagos en efectivo, que carece de respaldo en los registros bancarios, realizada tras el final del segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera. Estos intercambios de mensajes por WhatsApp han surgido como piezas clave en la investigación penal que enfrenta Hermosilla, quien es acusado de corrupción y lavado de activos. De acuerdo con el análisis de los chats, las transacciones se llevaron a cabo entre marzo y julio de 2022, período en el cual ambos actores ya no ocupaban sus posiciones en el gobierno, lo que plantea serias dudas acerca de la procedencia de los fondos involucrados en las transferencias monetarias.
Los informes indican que Sotomayor entregó sobres con dinero en efectivo directamente a Hermosilla, con montos que alcanzaban hasta 100 UF mensuales. Se ha sugerido que estos pagos estuvieron destinados a financiar la defensa judicial de Andrés Chadwick, exministro del Interior, en casos relacionados con las manifestaciones ocurridas durante el estallido social. Sin embargo, tanto Chadwick como el círculo cercano al fallecido expresidente Piñera no han ofrecido declaraciones sobre el asunto, lo que deja muchas incógnitas sin respuesta y suman más presión sobre los implicados en el caso.
El contenido de los chats también implica que los implicados estaban en busca de influir en nombramientos judiciales y monitorizaron las redes sociales para obtener información sobre la fiscal Ximena Chong, así como para reaccionar a las declaraciones del nuevo presidente Gabriel Boric. Un detalle significativo de estos mensajes incluye el esfuerzo de Hermosilla por impulsar nominaciones de personas afines al oficialismo en el Poder Judicial, lo que pone de manifiesto una posible colusión entre diferentes sectores del gobierno y la justicia. Uno de los nombres que resurgen en las conversaciones es el de Sergio Muñoz, exdirector de la Policía de Investigaciones, quien ahora enfrenta imputaciones por filtraciones en causas judiciales.
La conexión entre Hermosilla y Sotomayor se extiende a gestiones para reunirse con Muñoz antes de su ratificación en el cargo, lo que sugiere que existe un entramado de tráfico de influencias con el propósito de instalar en cargos estratégicos a individuos que favorezcan ciertos intereses. En este sentido, las autoridades están recogiendo pruebas para determinar la existencia de delitos de tráfico de influencias entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Todo esto ha dejado a la Fiscalía Regional de O’Higgins con la tarea de investigar a fondo los vínculos entre los involucrados y el impacto que tuvieron en los nombramientos judiciales.
Andrés Sotomayor se encuentra actualmente bajo investigación por parte de la Fiscalía, que ha incautado su teléfono celular y se espera que brinde su declaración en los próximos días. La complejidad del caso Hermosilla y la posibilidad de graves delitos de corrupción y lavado de activos han hecho que este tema sea de gran interés en el ámbito político y judicial del país. Las repercusiones de estas revelaciones podrían ser profundas, afectando no solo a los individuos directamente implicados, sino también a la percepción pública sobre la integridad de las instituciones en Chile y la manera en que se manejan los vínculos entre el poder político y judicial.
