Las estelas químicas que dejan los aviones en el cielo han sido objeto de controversia y especulación durante décadas. Para algunos, estas estelas son simplemente nubes de condensación producidas por la humedad en la atmósfera, mientras que otros creen en teorías de conspiración que sugieren una fumigación masiva con el propósito de control mental o manipulación del clima. Recientemente, una investigación realizada en Chile a través de solicitudes bajo la Ley de Transparencia ha buscado esclarecer la situación, desmitificando algunas creencias populares y revelando graves ausencias en la regulación y supervisión de este fenómeno por parte del Estado chileno.
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ha reafirmado que las estelas dejadas por los aviones son todo menos un arma secreta o un experimento climático, aclarando que están compuestas principalmente de vapor de agua y son producto de la condensación que ocurre bajo ciertas condiciones de temperatura y humedad. Sin embargo, aunque las declaraciones del DGAC ofrecen detalles técnicos sobre la formación de estas estelas, también exponen una preocupante falta de fiscalización sobre las emisiones de los aviones, pues este organismo se niega a asumir responsabilidades en cuanto a la regulación de tales emisiones, afirmando que corresponde a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Examinando más a fondo, la falta de un marco regulatorio nacional claro es evidente. El Ministerio del Medio Ambiente admitió que no hay normativa específica en el país que regule las emisiones de aviación, reiterando que están sujetos a estándares internacionales, los cuales no se aplican de manera uniforme ni con la misma rigurosidad. Asimismo, el ministerio no pudo proporcionar información sobre los posibles efectos ambientales de las estelas, indicando que no existe ningún documento que respalde tales estudios, dejando un vacío considerable en la investigación científica que pueda observar las repercusiones de estas emisiones.
El Ministerio de Salud, encargado de evaluar los impactos en la salud pública, informó que tampoco poseía información relevante sobre la toxicidad de las emisiones de las aeronaves. Esta falta de datos específicos y la ausencia de estudios coordinados entre los organismos estatales se convierten en un terreno fértil para la especulación y el miedo público. La combinación de desinterés institucional y falta de comunicación sobre el tema sugiere un desconcierto entre las agencias, complicando aún más el entendimiento de un fenómeno que, si bien no puede clasificarse como químico ni nocivo, tiene implicaciones que requieren atención.
El silencio absoluto de las autoridades plantea una preocupación añadida ante la rápida proliferación de teorías conspirativas. Aunque los documentos oficiales, al amparo de la Ley de Transparencia, han ayudado a desmentir la existencia de ‘chemtrails’ como parte de un plan malicioso contra la población, la falta de información contundente y campañas educativas por parte de las instituciones estatales refuerza la desconfianza pública. Necesitamos una mayor proactividad por parte del Estado en la comunicación de su capacidad de manejo sobre estos temas, no solo para disipar miedos infundados, sino para promover una cultura informativa que fortalezca la conexión entre la sociedad y sus instituciones.
