En mayo de 2023, Chile presenció un giro inesperado en la tramitación de la Ley SBAP, destinada a regular las concesiones salmoneras en áreas protegidas. A raíz de un intenso lobby empresarial, la Comisión Mixta del Congreso decidió rechazar una indicación crucial del proyecto, lo que desató un torrente de críticas y desencanto entre ambientalistas y científicos. La votación finalizó con un empate inicial que luego se transformó en rechazo, gracias a la intervención de parlamentarios como José Meza y Paulina Núñez, quienes desoyeron los llamados a la protección del medio ambiente en favor de intereses económicos inmediatos. Esta decisión dejó a muchos con la sensación de que la batalla por la protección de la biodiversidad en Chile estaba lejos de terminar, mientras se fortalecen los lobbies a favor del sector salmonero.
La Ley Lafquenche, que busca proteger los espacios costeros marinos de los pueblos originarios, ha sido otro blanco de ataques por parte de la industria salmonera. En diversas regiones como Magallanes, Aysén y Los Lagos, las solicitudes para establecer Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios han sido sistemáticamente denegadas, a pesar de que estos espacios no afectan las concesiones preexistentes. La presión ejercida por los gremios salmoneros ha llevado a los Consejos Regionales de Uso del Borde Costero a ignorar las demandas legítimas de las comunidades indígenas, poniendo en entredicho no solo los derechos ancestrales de estas comunidades, sino también la capacidad del Estado para garantizar un entorno de gobernanza equitativa.
Patentes irregularidades han caracterizado el manejo de concesiones en la industria salmonera, lo que ha derivado en la suspensión de la nueva Ley de Acuicultura en noviembre de 2024 ante la presión del sector. A la par, la Subsecretaría de Fuerzas Armadas admitió solo 78 caducaciones de 428 concesiones irregulares, lo que ha dejado en evidencia una preocupante falta de fiscalización del Estado. Infraestructuras salmoneras que han estado inactivas durante años permanecen en el limbo administrativo, y la Contraloría General ha señalado deficiencias alarmantes en la supervisión de centros de cultivo, lo que refleja una complicidad preocupante entre las autoridades y las empresas del sector.
La Superintendencia del Medio Ambiente también ha sido criticada por su inacción frente a casos de sobreproducción y contaminación en reservas nacionales, donde 95 casos graves han quedado sin sanción y 67 mil toneladas de producción ilegal han pasado desapercibidas. La impunidad reina cuando se trata de infracciones por parte de empresas como Nova Austral, la cual, tras ser acusada de fraude por subvenciones, recibió un perdonazo del Ministerio Público que parece favorecer más al negocio que al respeto por las regulaciones ambientales. Este escenario plantea serias interrogantes sobre el compromiso del Estado chileno con la sostenibilidad y el manejo responsable de sus recursos naturales.
El presidente Gabriel Boric, en declaraciones realizadas en 2022, expresó su deseo de que las salmoneras abandonen las áreas protegidas, sugiriendo una discordancia entre la retórica oficial y la práctica real. A pesar de los compromisos declarados, la realidad muestra que empresas de fuerte influencia política y económica continúan operando dentro de los límites de parques nacionales, controlando un número alarmante de concesiones en áreas ecológicamente sensibles. La situación actual pone en tela de juicio la capacidad del gobierno para equilibrar el desarrollo económico con la conservación del medio ambiente, así como la protección de los derechos de las comunidades indígenas, promesas que si bien resuenan en discursos, pocas veces se traducen en acciones efectivas.
