En una sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Independencia, la remoción de Sebastián Sotelo, administrador municipal y colaborador cercano del alcalde Agustín Iglesias, fue aprobada por la mayoría de los concejales. La votación, que resultó en seis votos a favor y tres en contra, incluyó el respaldo de diversos partidos políticos, desde el Partido Comunista hasta los representantes del Partido Republicano. La decisión fue impulsada por la controversia surgida tras la revelación de que el municipio contaba con cámaras de seguridad capaces de grabar audio, lo que generó una ola de críticas hacia la administración municipal por falta de transparencia y por no informar a los trabajadores sobre la existencia de dichos dispositivos.
El escándalo se agudizó cuando se supo que tanto el alcalde Iglesias como Sotelo estaban al tanto de las cámaras, un hecho que fue confirmado por Iglesias en una reunión anterior. El concejal José Miguel Cuevas, del Partido Socialista, fue uno de los que expuso su preocupación durante la sesión, manifestando su alarma por la grabación de conversaciones de trabajadores, vecinos y concejales sin su consentimiento. Este acto, según Cuevas, no solo vulnera la privacidad, sino que pone en riesgo la dignidad de quienes operan en el municipio. La situación provocó un debate candente y puso en entredicho la ética y la responsabilidad de la actual administración.
Ante la gravedad de las acusaciones, varios miembros del Concejo Municipal recordaron el historial de Sebastián Sotelo, quien había sido objeto de denuncias por maltrato y persecución laboral en su anterior puesto en la Municipalidad de Las Condes. La concejala Leyla Pichara, del Frente Amplio, enfatizó que la instalación de cámaras para grabar audio sin el conocimiento de los trabajadores es una violación a los derechos fundamentales, y acusó a la administración de haber ignorado un problema grave que afecta la integridad del lugar de trabajo. Además, la concejala subrayó que se han reportado despidos y sanciones que no respetaron los procedimientos adecuados, señalando una deficiencia en la gestión de recursos humanos.
Mientras tanto, el alcalde Agustín Iglesias defendió a su administrador, argumentando que las cámaras fueron instaladas durante la administración anterior y que su gestión no había hecho uso del audio, ya que la función de grabación estaba desactivada. Iglesias invitó a quienes tengan pruebas de escuchas ilegales a presentar denuncias formales y reiteró que su administración se tomó muy en serio la denuncia, tomando medidas inmediatas al respecto. No obstante, su defensa no logró contener la presión del Concejo, donde la mayoría se mostró decidida a actuar ante la falta de transparencia.
Entre los concejales que votaron en contra de la destitución, además del alcalde, estaban Macarena Díaz y Manuel Jara, quienes argumentaron que el proceso de remoción era apresurado y podría tener implicaciones negativas para la estabilidad del municipio. Sin embargo, la mayoría del Concejo consideró que las pruebas eran suficientemente graves como para justificar la decisión. La situación en la Municipalidad de Independencia apunta a una crisis de confianza que podría repercutir en la gestión pública, especialmente en tiempos donde la transparencia y la rendición de cuentas son más necesarias que nunca.
