El reciente nombramiento de José Miguel Castro Bascuñán (RN) como presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados ha reavivado un debate en torno a un polémico contrato firmado durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Este contrato, que supera los 500 millones de pesos, fue establecido entre el gobierno y el Hotel Alto del Sol, ubicado en Mejillones, y ha estado en el centro de las críticas debido a su vínculo directo con Vania Korlaet Gómez, esposa de Castro. La noticia fue inicialmente revelada por el medio digital Ciper, que puso en evidencia las irregularidades en el proceso de adjudicación durante el periodo crítico de la pandemia de COVID-19.
En el contexto de la crisis sanitaria, en 2020, la Seremi de Salud de Antofagasta, liderada por Rossana Díaz (UDI), optó por contratar el Hotel Alto del Sol como residencia sanitaria. Sin embargo, lo que ha generado mayor controversia es que este acuerdo, por un valor de $513.128.000, se realizó mediante trato directo, algo que la Contraloría General de la República ha señalado como irregular. El hotel pertenece al grupo empresarial Korlaet, donde Vania Korlaet tiene participación accionaria, lo que ha levantado sospechas sobre posibles conflictos de interés en la gestión pública.
La investigación de la Contraloría ha revelado que no solo existieron falencias en el procedimiento de contratación, sino que también se detectaron habitaciones no utilizadas por un montante de $96.866.000. Estos hallazgos han llevado a cuestionar la transparencia y la eficiencia del uso de recursos públicos en el manejo de la emergencia sanitaria. La falta de ‘toma de razón’, exigida por la ley debido al alto monto del contrato, ha generado serias dudas sobre la legalidad del proceso y la administración de estos fondos críticos en un momento tan delicado.
A pesar de las críticas, José Miguel Castro se defendió en 2023 recordando que antes de la firma del contrato, la Contraloría visitó el hotel y aseguró que cumplía con los requisitos necesarios. Castro también alegó haber enviado un oficio al Ministerio de Salud y a la Seremi de Salud donde comunicaba el parentesco con los dueños del hotel, afirmando que la participación de su esposa en la sociedad era mínima y no le permitía influir en decisiones. Estas declaraciones buscan desmarcarlo de cualquier implicación en potenciales irregularidades relacionadas con la contratación.
Sin embargo, la diputada Ericka Ñanco (FA) ha planteado serias dudas sobre la idoneidad de Castro, solicitando su inhabilitación como presidente de la Comisión Investigadora del Caso Convenios. Ñanco argumenta que en una comisión de tan alto perfil es esencial evitar conflictos de interés, especialmente dado el trasfondo del contrato en cuestión. La discusión se ha intensificado y ha puesto de relieve la necesidad de mayor transparencia en la política chilena, solicitando que se clarifiquen los procedimientos y la rendición de cuentas en la gestión pública.
